miércoles, 23 de diciembre de 2009

lunes, 14 de diciembre de 2009

Discurso censurado en la cínica ONU

Debido a que la prensa censura este tipo de verdades, es necesario publicar este tipo de noticias en la mayor cantidad de sitios posibles.
Observen cómo se enoja el presidente de este Consejo de Derechos Humanos, en el cual los peores dictadores del mundo, quienes no respetan ni uno sólo de los Derechos Humanos, nos dan clases de etica y moral.
Tanta verdad, terminó con su paciencia y tolerancia, por lo que se enfadó y le prohibió expresar verdades de ahora en más. Si no nos sometemos a los caprichos dictatoriales de aquellos que nos quieren destruír, no tenemos derecho a expresarnos aparentemente.
Todos mis respetos para este miembro de la UN Watch llamado Hillel Neuer, quien con su valentía y su sabio razonamiento, sacó a relucir la cobardía y la estupidez suicida de tantos "honorables" representantes de esta peligrosa y ciega organización conocida como "ONU".

domingo, 6 de diciembre de 2009

Saltandoce un escalón

Los seres humanos en busca de todas las respuestas decide creer en Dios, pero resulta ser que en vez de encontrar todas las respuestas se encuentra con todas las preguntas. ¿Porque no romper ese circulo vicioso? ¿Porqué no saltarnos un escalón?

jueves, 26 de noviembre de 2009

El Revival de Ayn Rand

Sorprendente artículo publicado en un diario muy populista y de izquierda en Buenos Aires: Declaraciones del Gobernador del Estado de South Carolina, acerca del curso que está tomando la política de su país: Estados Unidos de América.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Se acabó la farsa del "Cambio Climático"

A ver con que excusa van a salir ahora los ambientalistas. Seguramente muchos se van a cambiar de identidad y se van a vivir a la Antartida si todo esto sale a la luz.
Muchachos, se acabó el negocio. Ya no van a poder robarle más a los contribuyentes con sus farsas. A LABURAR!!!
Gracias Fernando por el dato.




jueves, 22 de octubre de 2009

El mito del plan "alternativo" de la Iglesia

La Iglesia presento un plan de asistencia a la infancia pobre, en el cual se asignara 180 pesos por cada niño pobre. Se le ha denomidado un plan "alternativo" pero es lo de siempre, reasignación compulsiva de ingresos, dependencia económica al estado, estimular el parasitismo y a ello se le agrega el incentivar el cumplimiento con fervor religioso del "mandato divino" de "creced y multiplicaos". El argumento de que la universalización termina con el clientelismo, no resuelve el eje central de problema, pues no se incentiva a que la gente sea independiente.
Por otra parte la Iglesia cae en el error de siempre, error que contradice incluso las raíces bíblicas, me refiero a la "solidaridad" con el dinero ajeno. Una caridad coercitiva que no genera ninguna virtud perfectiva del ser humano, sino todo lo contrario: robo por un lado, pereza por el otro.
Por un lado se pregonan las ideas equivocadas que generan pobreza, como decir que el la busqueda del lucro y el interes personal es mala, y luego se busca la peor solución. Francamente pareciera que se tratara de una maquinación del diablo.
Artículo relacionado: Caridad cristiana y estado nodriza

sábado, 10 de octubre de 2009

¿Premio? Nobel de la Paz

Parece que últimamente, para obtener este reconocimiento, hay que ser un terrorista, un defensor de terroristas, un mentiroso propagandista o un progre cobarde y populista. Faltan Fidel Castro, Ahmadinejad, Chávez, Kadafi y demás. No me sorprendería.














domingo, 4 de octubre de 2009

In Memoriam


Jabba The Hut 9/7/1935 - 4/10/2009 QUEPD


Para los que seguramente me van a putear hasta en esperanto por este post, sólo les pido que se acuerden de ésto:




jueves, 1 de octubre de 2009

El precio del oro va y viene; lo que importa es la base.

El profesor Antal Fekete (acaso el mayor exponente de la teoría monetaria en la actualidad) no se anda con rodeos:

To really understand gold and its true strength one must see that it is not the speculative
leveraged segment of the market that is animating it. (…) The unemotional holder of gold follows the gold basis, rather than the gold price. Only the gold basis* will tell you whether you can reasonably expect physical gold to be available tomorrow and the day after. Or whether it is more likely that one day, soon, we wake up to find that “gold is no longer for sale at any price”. Gold mines will hang out the notice: “Holders of dollars need not apply”. This is going to be the exact replica of what happened to holders of assignats, mandats, Reichmarks and, more recently, of Zimbabwe dollars. These finely embellished bank-notes were once exchangeable for gold at a variable price — for awhile. People took it for granted that they would always remain so. Then one day, when least expected, the supply of gold against paper went dry. The music stopped on this particular game of musical chairs. Those who had the paper in hand were out of luck. There is nothing in monetary science that would make the future outlook for the US dollar more rosy than that of the Zimbabwe dollar. Of course, there are more tricks that can be pulled out of the hat of the Fed than those available to the managers of the paper mill in Harare. But a paper mill is just a paper mill. The fact that it is on the Potomac river won’t make its product immune to rotting, that congenital disease of all paper currencies.

* Técnicamente se conoce como "base"al diferencial entre el precio más próximo al que un bien cotiza en el mercado de futuros (forward), y su precio al contado (spot). Esta base puede ser positiva o negativa. Si ocurre lo primero, el mercado está en una situación conocida como "contango". En cambio, si es negativa, estamos en "backwardation" (precio futuro < precio al contado).

Aquí el artículo completo.

lunes, 21 de septiembre de 2009

Compadezco a Kraft Foods


Los compadezco. Una empresa de las mas exitosas a nivel mundial, vino a parar a este pais.
La secretaria de comercio les dice por un lado que las galletitas que venden no pueden costar mas de $3 (como ejemplo), cuando ellos las deberían vender a $5 para tener un negocio rentable. Y en otro frente del ring está el ministerio de trabajo que les dice que tienen que aumentar los sueldos a sus cientos de empleados, con plata que no sale de ningun lado porque seguro que tambien la Afip los corre como a toros para que paguen todos sus impuestos al dia. Ellos dicen que no van a aumentar ningun sueldo, con razones, y entonces en un tercer frente aparecen los gremialistas, que con violencia y patoterismo quieren inducir ese aumento por la fuerza (como quien niega la complejidad de los hechos). Entonces Kraft, en un acto de desamor e incontinencia toma la inteligente decision de despedir a 162 empleados. Pobre de ellos (Kraft), ahora tienen no solo la planta detenida, sino que son culpables de un corte total en panamericana (el segundo desde los despidos) y otro tambien en callao y corrientes de estudiantes de la UBA que se solidarizan con los empleados de Kraft. ¿Alguien me explica porqué una empresa que pasa por lo que pasa Kraft no se va corriendo de la Argentina?. En lugar de culparlos, ¿no habria que hacerles un monumento, por su paciencia y por seguir pagando los impuestos, para que un grupo de delincuentes con poder politico los acorralen y encima los obliguen a aumentar sueldos a cientos de empleados?, humillándolos como empresa ante una sociedad que se lo cree, mientras que en realidad es gracias a empresas como ésta que los estudiantes de la UBA son estudiantes, y no gracias a nadie más.

viernes, 11 de septiembre de 2009

We'll never forget

Como dicen los geniales Penn & Teller, deberían reconstruirlas exactamente igual a como eran, sería el peor insulto para los humanoides que palnificaron y ejecutaron esa masacre.
Pregunta para los pocos, pero fieles lectores de Don Tiburcio: ¿que estaban haciendo cuando se enteraron de los atentados del 11 de Septiembre?

11 de Septiembre de 1888


Más allá de sus errores, fue junto con Alberdi lo más grande que dio esta tierra, un incansable luchador cotra la tiranía, un verdadero progresista, un hombre adelantado a su tiempo.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Sobre la educación (adoctrinamiento)


Fuente: Notas de Gerardo Caprav en Facebook

EDUCACION NACIONAL, EDUCACIÓN IRRACIONA
L
Gorka Echevarría
Querer imponer un idioma alegando perjuicios históricos conduce a serios conflictos sociales y hace peligrar el equilibrio interlingüístico en algunos territorios. Por ello, hay que pararse a pensar si el sistema educativo tiene lógica y si es contrario o no a la libertad de los padres a elegir la forma de educar a sus hijos.
Introducción
¿Puede la educación pública ser verdaderamente libre o acaso su fundamento no es otro que el control social? Esta es la pregunta clave. Si la educación sigue los dictados de Fichte que establecía que “la nueva educación debería consistir precisamente en aniquilar la libertad de la voluntad desde la base que ella pretende cultivar y a cambio hacer surgir en la voluntad una necesidad rigurosa de las decisiones y una imposibilidad de lo contrario”, entonces la educación pasa a ser adoctrinamiento y eso es claramente perverso.
¿Cuándo estamos ante el adoctrinamiento?
En el momento en que en se fijan planes educativos y se imponen una serie de contenidos en materia de humanidades: desde la historia hasta la filosofía pasando por el estudio de distintos idiomas y además se descentraliza la potestad educativa, corremos un serio peligro, el de que cada estado federado, región o el propio Estado Central fije el conocimiento que va a adquirirse en las escuelas.
¿Puede alguien sustraerse del sistema?
Otro problema es que los colegios privados no pueden escaparse del sistema porque están obligados a cumplir las regulaciones de las consejerías o ministerios de educación. Por otro lado, están atados por las subvenciones que les otorgan. Al final no son más que meros instrumentos del poder para hacer lo que se decreta.
Visto la imposibilidad de salirse del sistema y menos acudir al home schooling1 como medida de los padres para decidir lo que van a aprender sus hijos, ahora es el momento de analizar los problemas de adoctrinamiento y sus consecuencias perversas en el desarrollo mental de los niños
Los padres pueden educar a sus hijos en sus casas con ayuda de profesores contratados, por su cuenta y riesgo o en asociación de otros padres para acudir a academias o crearlas. En USA el home schooling no está prohibido como en España.


El fin de la educación y la truncada patria potestad
Dado que el único “propósito de la educación es enseñar al estudiante cómo vivir su vida desarrollando su mente y equipándole para que se enfrente a la realidad(...)”2 como señala Ayn Rand todo paso hacia la ideologización de las mentes incubando la “resignación, el letargo” y la dependencia es un salto al vacío.
Al ser los padres los tutores de sus hijos el mero hecho de que no se les deje elegir lo que se va enseñar a éstos, infringe su “patria potestad”. Además hay que preocuparse de por qué el Estado tiene tanto interés en la educación. Como todo servicio que otorga, es ineficiente, derrocha recursos y hace que los pobres no puedan acudir a los mismos colegios que los ricos ya que al contar el sector público con muchos recursos y establecer duras condiciones de entrada para los que quieran abrir escuelas, elevan los precios de las entidades de enseñanza privadas. Así que es más caro para todos optar por una enseñanza privada algo menos sujeta a la uniformización y masificación pública aunque desgraciadamente aún no lo suficientemente libre por la intervención estatal.
El mercado favorece la diversidad
Si entendemos que el sector servicios como el resto de los sectores económicos es más productivo y ofrece más diversidad al satisfacer los plurales deseos de los consumidores cuando hay mayor libertad, no entendemos cómo es posible que en este campo se cierre la puerta a la libre competencia.
En el mundo global en el que vivimos hay tres o cuatro lenguas imprescindibles: el inglés, el alemán, el español y el francés con las cuales se puede ir casi a cualquier parte del mundo comunicándose con soltura. Lo más razonable sería que se diese la posibilidad de no encerrarse en un dialecto o idioma oficial aunque fuese parte de la cultura local, provincial o nacional.
Por ejemplo, que un catalán decidiera no enseñar a sus hijos el español y si el inglés y el francés debería ser cosa suya porque este chico sabría amoldarse a la lengua con la que puede comunicarse con otras personas y si no sería cosa suya si con un hispano-hablante tuviera que sostener una conversación en otro idioma distinto. No es ningún drama que en Rentería (País Vasco ) decidieran no estudiar español porque allí se entenderían entre sí sin ningún problema. Cómo apañarse con el turismo es una cuestión que sólo a ellos repercute. Probablemente tendrían que ver la necesidad de estudiar otras lenguas para hacer frente a una demanda de trabajadores (camareros, dependientes...) que supieran desenvolverse en varios idiomas.
Quizá como solución transitoria (second-best, en el argot económico) podríamos plantear la introducción del cheque escolar que consiste en que el Estado en vez de sostener colegios públicos y subvencionar a entidades concertadas, dé dinero a los ciudadanos sin recursos para que elijan el colegio que prefieran para sus hijos. De esta forma se preserva lo que Milton Friedman denomina “libertad de elegir”3 mientras que se evita que el Estado dirija a los niños por su camino. Lo que no va a impedir es que los planes educativos los siga haciendo a su medida el Gobierno ni que establezcan “etiquetas de calidad” para el reconocimiento oficial de los centros educativos. Hasta entonces, como primer paso hacia la libertad total precisa para optar por la mejor educación posible, es aceptable pese a que mantiene la inmoralidad del “quitar a unos para dar a otros”(el saqueo como lo llamaba Bastiat).
Lenguas oficiales y caos
Ahora bien, si se imponen lenguas oficiales y una de ellas está politizada con lo que su uso se entiende como cualidad del buen ciudadano al tiempo que se incentiva su estudio con muchos puntos a la hora de ser funcionarios (siempre que el número de burócratas sea bastante amplio para suponer una expectativa de trabajo para la gente en situación de trabajar), se tenderá a despreciar una a favor de la otra porque interesa a un gran número de gente o no les queda otro remedio. Pero si a este hecho le añadimos la convergencia del nacionalismo que ve que la única diferencia con el resto de los territorios cercanos es la lengua y en ella edifica su proyecto de construcción nacional, se demonizará a los que no la sepan porque no desean sumarse al pueblo catalán, gallego o vasco.
Cumplir con los dictados de las lenguas oficiales pasó de ser una medida de pluralidad a un medio de uniformizar los vehículos de comunicación social que son las lenguas. Parece realista afirmar que los Estados hacen uso de la política educativa para manejar a sus ciudadanos y exponerles una visión de la vida bastante uniforme que les permitirá no parecer injustos o contrarios a la libertad sino todo lo contrario.
La inmoralidad de un sistema gratuito
Planteémonos si un padre de familia estuviese dispuesto a dejar libremente en manos del Estado a sus hijos si no se lo impusieran. Si la respuesta es sí, no tiene por qué cumplirse para todos. Para aquéllos que prescindieran de la escuela pública, les parecería ofensivo tener que sufragar a los que han elegido no gastarse dinero en la educación de sus hijos. Es igual de pernicioso que a uno le regalen dinero teniendo suficiente a modo de subvención que entre ricos y pobres tendríamos que pagárselo.
Es inmoral que a unos les quiten recursos para que otros hagan uso de él ya que los deseos de cada uno son infinitos y sus medios escasos de modo que sustraérselos (aunque sea parte) supondría impedir el logro de sus fines que son los pasos para la búsqueda de la felicidad.

Control social y títeres de la estatización de las mentes
Nietzsche decía que “los gobiernos de los grandes Estados tienen en su mano dos medios para tener sometido al pueblo, para hacerse temer y obedecer: un medio más grosero, el ejército; un medio más sutil, la escuela. Por medio del primero ponen de su parte la ambición de las clases superiores y la fuerza de las clases inferiores, por lo menos en la medida en que estas dos clases poseen hombres activos y robustos dotados medianamente e inferiormente. Con ayuda del otro resorte se ganan la pobreza dotada y sobre todo la semipobreza de pretensiones intelectuales de la clase media. Se crean ante todo, en los profesores de todas las categorías una corte intelectual que aspira a subir; acumulando obstáculo sobre obstáculo contra la escuela privada o la educación particular que el Estado odia especialmente, se asegura la disponibilidad de un gran número de plazas, que son codiciadas siempre por un número ciertamente cinco veces superior a las vacantes de seres ávidos y hambrientos. Pero estos empleos no deben alimentar al hombre sino muy limitadamente; así es como el Estado mantiene en él la sed febril del progreso, ligándole más estrechamente aún a las intenciones gubernamentales (...) Por medio de este cuerpo docente (...) se eleva tanto bien o mal a toda la juventud de un país a un cierto nivel de instrucción útil al Estado y graduada según la necesidad; ante todo se transmite casi imperceptiblemente a los espíritus débiles, a los ambiciosos de todas clases, la idea de que sólo una dirección de vida reconocida y estampillada por el Estado os conduce inmediatamente a desempeñar un papel en la sociedad. La creencia en los exámenes oficiales y en los títulos concedidos por el Estado va tan lejos que aun los hombres que se han formado de forma independiente, que se han elevado por el comercio o por el ejercicio de una profesión, guardan una gota de amargura en el corazón mientras su aptitud no has sido reconocida por una investidura oficial, por un título o una condecoración, hasta que no pueden hacerse notar. Por último, el Estado asocia el nombramiento de los mil y un funcionarios y plazas retribuidas que dependen de él a la obligación de hacerse educar y estampillar por los establecimientos del Estado; de lo contrario, esta puerta les permanecerá cerrada siempre; honores sociales, pan para ellos, posibilidades de una familia, protección de arriba, espíritu de cuerpo en los que han sido educados en común: todo esto forma una red de esperanzas, en las que se dejan prender todos los jóvenes(...). Y concluye apostillando que el Estado aún puede “arriesgar el golpe maestro de encadenar, por dones, la escuela y el ejército, la inteligencia, la ambición y la fuerza”4.
A la sublime exposición de Nietszche habría que añadirle algún elemento más para completar su análisis. Tal y como Nozick sugirió, en el mundo docente hay un cierto miedo por el mundo laboral dado que, aunque no se llegue normalmente a ganar tanto, al menos se tiene una seguridad y estabilidad que sólo se romperá si se comete alguna barbaridad como maltratar a un alumno.
Ellos, según el citado autor, consideran que el mercado no prima el mérito al contrario que la escuela y que por tanto, hay que implantar un sistema distinto al capitalista y no guiado por sus propios patrones.
El mercado, alegan que es injusto y lo que proclaman e imparten impedirá a los alumnos prepararse para el verdadero mundo. Perderán el tiempo analizando si una palabra es esdrújula o si hay sujetos pasivos en una sentencia destinándole más horas a enseñar esto que a aprender a redactar. Si estudian derecho no verán una demanda en su vida, si bien sabrán discutir sobre el tercero de buena fe germánico y el romano...
Al final se darán cuenta que su espíritu crítico deja mucho que desear y que echan de menos aquellos tiempos de la escuela o la universidad en los cuales casi todo se les daba hecho y de lo cual poco se acuerdan. Por su cuenta o en una año de trabajo o de postgrado aprenderán mucho más que lo que les han enseñado ilustres profesores y catedráticos que vivían en un mundo irreal. Como en la novela “Los viajes de Gulliver” de J. Swift cuando el protagonista llega a Lagado, capital de la isla de Balnibarbi, y se encuentra con un comité de científicos que acababan de inventar un sistema flotante de medir el tiempo y una nueva forma de construir edificios empezando por el tejado, los docentes imparten conocimientos absurdos o inservibles para estos tiempos de acelerado progreso.

lunes, 31 de agosto de 2009

Más sobre el calentamiento global.


Gerardo Caprav subió esta nota a Facebook, creo que no hay que dejar de leerla.


¿Se está calentando el planeta?

Por Fernando Díaz Villanueva

El latiguillo de moda de unos años a esta parte entre gentes de progreso y políticos de retroceso es el del calentamiento global. Todos los desajustes meteorológicos, desde las inundaciones a las olas de frío pasando por las sequías, los tifones y los vendavales, se explican por el mismo patrón. El planeta se está calentando, y, como consecuencia de ello, las cosechas se perderán, los bosques se secarán y la humanidad perecerá achicharrada bajo un sol de justicia. ¿Tal es el desesperanzador futuro que le espera a nuestro mundo?, ¿es cierta la profecía del calentamiento global?

Lo cierto es que no lo sabemos. Ni los científicos, ni los políticos, ni nadie en absoluto. No hay evidencias que apunten a que el planeta se caliente, al menos en el largo plazo. Hace menos de treinta años, tan pocos que muchos de los lectores aún lo recordarán, la misma comunidad científica que hoy se apuesta el dedo meñique a que su predicción es correcta, aseguraba que la tierra se encontraba a las puertas de una glaciación. Curiosamente achacaban su causa a los mismos males que hoy provocan el calentamiento. Según aquella descabellada teoría, en los años venideros los glaciares y los casquetes polares avanzarían inexorablemente enterrando a la corrupta civilización occidental bajo varios metros de hielo purificador. El pronóstico falló pero entonces muchos se la creyeron a pies juntillas.

La historia no era nueva, diez años antes, en la década de los sesenta, los mismos científicos, o sus profesores universitarios, habían profetizado que se estaba incubando una bomba poblacional que acabaría con los recursos del planeta y provocaría una hambruna sin precedentes. La biblia de aquel movimiento neomaltusiano fue un librito de un tal Paul Ehrlich, un majadero que se dedicaba a la cría de mariposas, titulado The Population bomb (La bomba poblacional) que obtuvo un notable éxito editorial. A juicio de Ehrlich “La batalla para alimentar a toda la humanidad se ha acabado [...] En la década de los 70 y 80, centenares de millones de personas se morirán de hambre”, y no precisamente en África, el entomólogo aseguraba que unos 65 millones de norteamericanos morirían de inanición en la década de los setenta, “la mayoría niños” precisaba con intención de atemorizar a los lectores. En aquella década naturalmente nadie murió de hambre en Estados Unidos cuya población ha aumentado en 100 millones de personas desde la publicación del libro en 1968.

Las profecías apocalípticas de Ehrlich sin embargo cuajaron, y se sumaron a las de los primeros ecologistas, los de la nueva era glacial. Los hippies y los universitarios ociosos las tomaron como propias, y anduvieron lo menos tres lustros incordiando con su verdad revelada a gobiernos, empresas y ciudadanos indefensos a través de la televisión y las pretenciosas revistas científicas. Ehrlich estaba tan convencido de su teoría que llegó a aceptar una apuesta del afamado economista liberal Julian Simon sobre su proyectado encarecimiento de las materias primas. Ehrlich perdió y, aprovechando la derrota, publicó otro libro, The population explosion en 1990 reafirmándose en su tesis del fin de los recursos y el hambre generalizada. Como era de prever no volvió a dar ni una pero siguió teniendo lectores muy apasionados que todavía hoy repiten como papagayos su repertorio de sandeces.

Gran parte de los lectores de Ehrlich y casi todos los que en los setenta se dejaron los dedos escribiendo para demostrar la nueva era glacial que se nos venía encima, son hoy los valedores del calentamiento global. Con semejante currículo es ya difícil confiar en sus predicciones pero, como el tiempo no pasa en balde, los apóstoles del armaggedon se han dotado esta vez de un nuevo prontuario con apariencia más científica y más resultona en los medios audiovisuales. Y es que el calor asusta más que el frío, perecer asfixiado, envuelto en sudor y sufrimientos es de una plasticidad mayor que la aséptica e indolora muerte por congelamiento. De esta manera, los que antaño daban alaridos por la reaparición de los hielos perpetuos, hogaño nos advierten de lo inevitable de un calentamiento general del planeta sino se hace lo que ellos dicen.

El hecho es que la tierra puede perfectamente estar calentándose o estar enfriándose. La tendencia, simplemente, la desconocemos. Si algo han aprendido los climatólogos, desde que esa disciplina se convirtió en ciencia, es que el clima es tan caprichoso como variable, y tan difícil de pronosticar como huidizo al limitado entendimiento humano. Hace mil años, ayer por la tarde en términos geológicos, el clima era más cálido. Hacia el año 1000 de nuestra era los vikingos llegaron a Groenlandia y la llamaron así porque el paisaje era eminentemente de color verde, no en vano Groenlandia en inglés se dice Greenland, Tierra Verde. Hoy la mayor isla del mundo es un casquete polar, un enorme cubito de hielo varado en mitad del Atlántico y prácticamente inhabitable. Por aquel entonces, en el amanecer del segundo milenio, sabemos que la bondad de las temperaturas posibilitó que las áreas de cultivo se extendiesen hasta la misma Escandinavia o que, por ejemplo, la población de Europa creciese notablemente. Los expertos conocen esta época, comprendida entre los siglos X y XIV, como el óptimo climático medieval. Si los climatólogos lo han llamado óptimo será por algo, y es que cuando la temperatura media del planeta sube la vida florece, ha sido así desde que el mundo es mundo y desde que el primer organismo unicelular hizo su debut en el caldo primigenio.

Pero, como ya apunté antes, el clima es cambiante, y al pequeño óptimo de la Edad Media le sucedió lo que se ha denominado como la Pequeña Edad de Hielo que se inició tímidamente en el siglo XV y se extendió hasta bien entrado el XIX. En Londres, por ejemplo, se celebraban ferias sobre el cauce helado del Támesis hasta tiempos de Napoleón, y en Madrid, en la cálida España, existió una pista de patinaje sobre hielo natural en el parque de El Retiro hasta el reinado de Alfonso XII. Si hoy observamos el soberbio río que atraviesa el centro de Londres, o si nos detenemos ante los rosales que hoy ocupan la antigua pista de patinaje de El Retiro concluiremos que el clima se ha calentado, y estaremos en lo cierto. Hace más calor que hace un siglo pero no sabemos porqué. Hace más frío que hace un milenio y tampoco sabemos porqué. La condición humana tiene estas servidumbres.

Algunos astrónomos han apuntado que la causa quizá se encuentre en las manchas solares porque, a fin de cuentas, el único radiador que calienta la tierra es el astro rey y sólo de los rayos que nos regala pueden provenir cambios térmicos de semejante envergadura. Otros buscan los cambios en la oscilación natural del clima. Según esta teoría cada 10.000 años el hemisferio norte se congela para entrar en un letargo de unos 100.000 años. A esto se le conoce como glaciación. Casi toda la orografía de la Europa actual está modelada por los glaciares, y algunas partes del continente han estado durante varios periodos completamente enterradas bajo el hielo. Si la tendencia se mantiene lo lógico es pensar que lo próximo que nos espera es una glaciación porque hace más o menos 10.000 empezaron a retroceder los hielos, es decir, que nos encontramos en el ocaso de un periodo interglaciar.

Ante evidencias de tal magnitud, esto es, clima sumamente variable, glaciaciones brutales y dulces óptimos en los que prospera la vida, los ecologistas apenas pueden ofrecer unos estudios realizados con un ordenador, si, un ordenador como el que tiene usted en casa pero algo más potente. En la matriz de datos de estas computadoras ejecutan unos programas llamados Modelos de Circulación General o MCG a los que suministran una cantidad –siempre limitada- de variables. Las conclusiones son las que ellos quieren. Crean en la memoria de estos ordenadores una atmósfera en miniatura y al antojo del investigador de turno que, por lo general, suele ser ecologista y suele estar concienciadísimo con eso del medio ambiente. Si los resultados no confirman la hipótesis prefabricada del científico, éste seguirá modificando las variables hasta decir eureka y presentarlo como un gran descubrimiento.

Las sucesivas conferencias sobre el cambio climático se han inspirado en los datos extraídos de esos modelos, las decisiones de muchos gobiernos se han tomado partiendo de esos datos, y el célebre y discutido Protocolo de Kioto es la aplicación práctica y a escala global de lo que unos científicos jugando a ser Dios han conseguido sacar a sus máquinas. Tras el presumido consenso de la “Comunidad Científica” viene la campaña de propaganda. Del primero se enteran cuatro, los autores del experimento y dos más aficionados a perder el tiempo con estas cosas. Del segundo, en cambio, nos enteramos todos. No existe organización ecologista que no dé el tostón con lo del calentamiento global. Son además pertinaces e inasequibles al desaliento. Si hace un verano especialmente caluroso es muestra inequívoca de sus teorías. Si llueve más de la cuenta significa que el clima anda como loco y apoya la tesis del calentamiento. Si hace frío, mucho frío, aunque más difícil de defender, también se toma como una evidencia de que algo falla y, naturalmente, de que algo hay que hacer.

Los ecologistas parecen tener en la cabeza una temperatura idónea fuera de la cual todo es sospechoso y antinatural. ¿Cuál es la temperatura ideal de la Tierra?, la actual, la del óptimo climático medieval, tal vez la de la pequeña edad de hielo, o quizá la de la última glaciación que transformó el continente europeo en un inmenso casquete. Ni el más curtido de los auto arrogados defensores del planeta podría contestar a esta pregunta, porque, tras el camelo del calentamiento global, no hay ecología, ni climatología, ni ciencia, ni siquiera sana curiosidad por el devenir térmico del planeta. Detrás del bulo hay ideología, y de la mala. Tras los bastidores del timo de principios de siglo se encuentra un subproducto de la ideología que subyugó a un tercio de la humanidad bajo la hoz y el martillo durante 70 interminables años. El ecologismo es marxismo simplificado, remozado y pasado por la turmix para hacerlo más digerible a las nuevas generaciones. Se vale de lo mismo, de la mentira, de la desinformación y de la propaganda, eso sí, escudándose tras un pretencioso consenso científico que, como dijo un sabio, es siempre el primer refugio de los granujas.

jueves, 20 de agosto de 2009

Ideas desde Lima


Retomo luego de un tiempo mis escritos para Don tiburcio's Blog.
En esta oportunidad es para contarle a aquellos que desconocen, como se vive en Lima (Perú). Algunos detalles sobre la forma de gobierno que tiene esta gran ciudad, la cual estuve visitando pocas semanas atrás en un viaje de turismo.
Lima es una ciudad como Buenos Aires, pero con muchos mas habitantes (aproximadamente 10 millones) lo que la convierte en una enorme metropolis. Pero contrario a Buenos Aires, es una ciudad muy ordenada, limpia, las calles están en bastante buen estado, y salvo por el transporte publico y la inseguridad en algunos distritos (muy pocos), la ciudad está bastante bien.
Perú viene de situaciones muy criticas en la epoca de los 80', situaciones de terrorismo y de inflación galopante, y hoy gracias a las politicas de libre mercado y de fomento del comercio está dando un salto enorme. Teniendo así una moneda fuerte y un desempleo que baja cada día y un nivel de conformidad de la poblacion bastante amplio.
Ahora si volvamos a Lima. Esta ciudad como tantas otras del mundo tiene un sistema muy particular de gobierno.
Está dividida en distritos, un total de 41 distritos. Y cada distrito a su vez tiene su propio alcalde, sus propias reglas, su propia policía, sus propios impuestos, sus propios gastos. Una independencia casi total uno del otro.
¿Que permite esto?, que los distritos compitan entre si, permite que si un distrito funciona bien y está bien mantenido, haga notar las fallas de los demas distritos y así sus habitantes puedan reclamar y/o exigir que mejoren aquellos que deben hacerlo.
Este sistema permite que todo lo que hay que hacer a nivel de infraestructura en una ciudad tan grande y con tantos habitantes, no recaiga en un solo gobernador.
Es muy parecido al sistema administrativo de "division del trabajo" (para quien lo conoce) implementado por Taylor para el mejor funcionamiento de una empresa.
Se trata (en Lima) de dividir el sistema en subsistemas, para que las fallas de un gobierno sean menores, o por lo menos no afecten a toda la poblacion por igual.

No es un sistema perfecto, claro que no lo es. Pero son ideas, ideas creativas para que dentro de lo que un gobierno nos molesta, sea lo menos posible.

sábado, 8 de agosto de 2009

Amsterdam: la libertad tiene su recompensa




Este es un artículo que aún no salió publicado en ningún lado. Hay algunos medios de comunicación para los que suelo escribir que preferí ni envíarles la nota, debido a que es muy polemica. Generalmente, cuando escribo notas que los lectores habituales de una publicación determinada no estarían de acuerdo, me la rechazan. De este modo, nunca vamos a poder avanzar a una sociedad más libre. Todavía tengo la duda si en los dos medios liberales para los que suelo escribir, la van a aceptar. Espero que sí. De lo contrario, estare muy desepcionado con dichos liberales.
La palabra droga asusta, parece un insulto. Eso es lo que quiero cambiar para terminar con las mafias y reducir la delincuencia. Creo que es el primer paso.
¿Este artículo será demasiado fuerte? ¿Estare queriendo hacer un cambio positivo pero demasiado abrupto? Yo creo que no. Pero bueno, me interesaría saber la opinión de ustedes.

Leandro Fleischer

Los últimos días del mes de julio, tuve la oportunidad de viajar a Amsterdam, capital de Holanda. Por supuesto que la idea era conocer la ciudad, pero también tenía mucha curiosidad por ver a la gente consumiendo drogas prohibidas en otros países con absoluta libertad y sin mirar a los costados por temor a que aparezca la policía para llevarlos detenidos por fumar un cigarrillo de marihuana. También estaba interesado en conocer la conocida "zona roja", en donde las prostitutas pueden trabajar libremente sin preocupaciones ni temores de ningún tipo. Resumiendo, quise probar la libertad que falta en la mayoría de los países del mundo.

Lo primero que hice al llegar fue entrar en los conocidos "coffee shops", en los cuales se puede fumar marihuana libremente, pero para fumar tabaco hay un área especial. Al ingresar al sitio, tomé un menú en el que habían varios tipos de marihuana, pero poco entendía del tema, por lo que le pedí un consejo al empleado. Una vez comprada, salí y me senté a fumar afuera, sabiendo que había un patrullero a pocos metros. La sensación de libertad que se siente al poder consumir lo que yo quiero sin necesidad de esconderme o estresarme, es inexplicable.

Fumar marihuana ya se había hecho rutina en mi viaje, así como suelo fumar tabaco en Israel, país donde resido. No lo hacía a escondidas. De hecho, pasaban familias con niños pequeños, parejas de ancianos, etc. Es más, he visto a una madre ayudando a su hijo de unos 16 años a encender un cigarrillo de marihuana.

En Israel, tengo varios amigos holandeses, quienes me habían dicho antes de viajar que los hongos alucinógenos estaban prohibidos. Sin embargo, sí se podían comprar otro tipo de hongos que tenían un efecto parecido. Decidí probarlos, después de escuchar atentamente la explicación del vendedor, quien me comentó cuál era el modo correcto de consumirlos.

Respetando al pie de la letra lo dicho por aquel hombre, comí dichos hongos de tan desagradable sabor y me fui con unos amigos a un parque. No voy a contar con detalle cuáles fueron mis experiencias, pues no es la idea del artículo. Sólo me limitaré a hacerle saber al lector que estaba un poco más feliz de lo habitual y veía imágenes extrañas cuando cerraba los ojos. Pero lo importante es saber que era de día y varias personas pasaban por allí. Sin embargo, nadie nos hizo sentir incómodos en ningún momento ni se quejó porque estabamos bajo el efecto de esta droga a plena luz del día.

Al contrario de lo que debe pensar la mayoría de las personas que nunca estuvieron en Amsterdam, la gran mayoría de los clientes de los coffee shops, no son holandeses, sino turistas. El sabor de lo prohibido genera mucho turismo en Amsterdam, pero para los locales es algo tan común que fuman menos marihuana que cuando estaba penalizado.

El hecho de que la marihuana u otras drogas estén legalizadas, no significa que todos los holandeses estén todo el día consumiéndolas, como tampoco sucede que todos los ciudadanos de otros países estén siempre borrachos, a pesar de que el alcohol no esté penalizado.

El holandés trabaja, estudia, cuida de su familia, etc y, quizás, se prende un cigarrillo de marihuana a la noche ¿Cuál es el problema? El país es rico, desarrollado y seguro. Pocos meses atrás, mi hermano me envió un artículo en el que se informaba que en Holanda se cerraban ocho cárceles por falta de prisioneros.

Y claro, la legalización de la droga deriva en que no haya mafias que la comercialicen, que baje la delincuencia porque al estar permitida el precio se reduce y que toda sustancia que se vende esté controlada, para que el comprador pueda estar tranquilo de estar pagando por lo que quiere consumir y sin aditivos extremadamente dañinos para la salud que no deberían estar allí.

Al ver lo avanzada y segura que era la ciudad, le comenté a mis amigos que esto debería hacerse también en la Argentina, país donde ellos residen y yo lo hice hasta el año 2006. Sin embargo, me sorprendí con las reacciones que tuvieron, pues me afirmaron que "la sociedad argentina no está preparada para ello". O sea, de esto se entiende que los países tercermundistas nunca podrán mejorar porque las sociedades no están preparadas. Por lo tanto, es inútil intentar. Con esta mentalidad, nunca países como la Argentina podrán salir de la pésima situación socio-económica que viven actualmente.

¿No será que cuando el Estado se mete en nuestras vidas, la gente se frustra y se generan todo tipo de problemas y odios? ¿Cómo se quiere luchar contra las mafias si les seguimos dando facilidades prohibiendo las drogas? ¿Y si dejamos que la gente decida qué hacer con su vida, con su cuerpo, con sus propiedades, etc? Quizás podamos avanzar y llegar a ser un país como Holanda. Ya vemos que los autoritarismos fracasan. No perdemos nada probando otorgándole libertad a la gente ¿No?

Debemos cambiar la mentalidad. Hay que dejar de ver al que consume cualquier tipo de estupefaciente como una persona mala o despreciable. Incluso si es adicto. Es más, al adicto habrá que ayudarlo, no darle la espalda. La prohibición no genera que la gente deje de consumir, sino que por el contrario, deriva en que se consuma más, a mayor precio y de pésima calidad, al tiempo que produce un aumento en el narcotráfico y en la delincuencia, por lo que muere demasiada gente en vano a causa de disparos y cuchillazos de personas que no necesariamente están drogadas.

Debemos entender que el que mata es un asesino y el que roba es un ladrón. El consumo de drogas nada tiene que ver. Ni mis amigos ni yo hemos asesinado, robado, violado ni golpeado a nadie. Quizás nos hemos reído un poco más. Debemos descreer de todos los mitos acerca del consumo de drogas creados por distintos gobiernos para defender sus inútiles guerras contra el narcotráfico. Si realmente se quiere luchar contra las mafias, la despenalización es la única manera de derrotarlas. Todos preferimos comprar algo de forma legal, de mejor calidad y más barato que en el mercado negro, de pésima calidad y más caro.

Nadie puede decirnos qué hacer con nuestros cuerpos. ¿Quién se cree que tiene derecho a obligarme a cuidar mi vida como a él se le ocurre? Entonces deberíamos prohibir la venta de cigarrillos porque nos dañan los pulmones o de alcohol porque nos daña el hígado o de cuchillos porque podemos clavarnos en el corazón o, quizás, deberíamos controlar el consumo de hamburguesas para cuidar el colesterol y evitar ataques cardíacos, etc.

Como dijera un miembro del recién creado "Partido Liberal" argentino en una entrevista que le realicé: "El estado no está para promover determinados modelos de vida, porque en realidad no existe un modo objetivo de determinar cuál es mejor para cada quien".

Algunos me podrán juzgar por este artículo. Seguramente no faltará aquel que diga que esto es una apologia para el consumo de drogas o cosas por el estilo. Pues no crean que la gente es tan tonta señores. Si para ustedes no es apología, ¿por qué para otro sí? ¿Acaso ustedes creen ser más inteligentes que los demás? Pues sería un poco arrogante de su parte. No creo que haya gente que se suicide porque otro lo hace o que camine sobre brasas ardiendo porque otro lo hace.

Se sabe que las drogas prohibidas son dañinas para la salud como lo son las permitidas o como lo es comer en exceso sin hacer deporte. Cada uno es dueño de su vida, de su cuerpo, de su dinero, etc y tiene derecho a usarlo como quiera siempre y cuando no dañe al prójimo.

Yo puedo emborracharme, pero no manejar borracho como puedo fumar marihuana, pero no manejar bajo los efectos de ese estupefaciente, porque ya estaría poniendo en riesgo la integridad física de terceros.

Pueden juzgarme, pueden pensar que soy un drogadicto, un apologista de la droga, un sinverguenza, una mala persona, etc. Yo sólo puedo decirles que soy una persona libre que quiere libertad para todos. Y se sorprenderían si supieran la cantidad de intelectuales, excelentes profesionales, ejemplares padres de familia y personas decentes que consumen drogas o ¿acaso se creen que sólo un tipo de persona lo hace?

Repito, hay que cambiar la mentalidad. Debemos dejar de creer que lo que el Estado dice es una verdad absoluta, porque los gobiernos van cambiando y las leyes también y, con ello, la mentalidad de la sociedad. Debemos entender que podemos pensar por nosotros mismos sin esperar a que, como en Holanda, el Estado nos haga saber que consumir drogas no está mal ni bien. Eso es algo de lo que tendremos que darnos cuenta sólos.

Todos nacimos en cautiverio. Algunos en uno muy estricto, como en los países donde gobiernan dictadores socialistas o islámicos y otros menos estrictos (democracias pero con mucho estatismo). Debemos salir de esa jaula y confiar en nosotros mismos, pensar por nosotros mismos, decidir por nosotros mismos, pero nunca nos olvidemos, sin dañar al prójimo.

domingo, 26 de julio de 2009

FALACIAS DE LA TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD


Por Hans-Hermann Hoppe

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos “economista” y “socialista” se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: “Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a éste es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor, La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien”. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: “Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de validez”.



Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos. Sin embargo demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega. Se afirma que ciertos bienes o servicios -entre los que se cuenta la seguridad- poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estado.

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda diferenciación. Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economistas, que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios portales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la “seguridad”: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos esos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos -los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal-, ¿debe ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Mas aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fruto de la iniciativa privada; existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad -la asignación de la propiedad- pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar -de hecho, lo hace constantemente- según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se deprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas -si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico-, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideran como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien. Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de se un bien público o privado para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado. En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular -en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto- para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría de la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquel no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos -suponiendo que existan como una categoría separada de bienes- deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel), es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfrei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar los suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética. Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esa personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Mas aún, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo (From The Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism), esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico-analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado. Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos -más urgentes- que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarioss -urgentes- o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional. Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían “demostrar” que cuando alguien dice “no”, en realidad quiere decir “si”, que cuando una persona “no compra una cosa” es porque la prefiere a cualquier otra, que la “violencia” realmente significa “libertad”, que “no hacer un contrato” implica “contratar”, etcétera. Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M.N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente “deficiente” de éstos. Escribe que “un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo”.

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que solo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta “imperfección”del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas “perfecciones” de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son. También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda se que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas persona. Precisamente a esto se deba la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen derecho a determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria un corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a aun número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehuyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos el asunto como un problema por derecho propio.

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuantas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferentes. Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado. De carácter monopólico, porque al menos e este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en los que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce “en conjunto”, sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que comenten delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinatos y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores. Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni e sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente, sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por se empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar.

Es indudable que todos los problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución “perfecta” al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del “paquete de seguridad” uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia, la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarle sus empleos. Casi seguramente se daría el fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes, lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales éstos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor se seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar los riesgos y necesidades de otras personas -por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal-, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: “¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?” Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado-nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien. A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros días. Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales -comerciales y turísticas- y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en o que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes. Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y os lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara un acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal.) ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado u prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto. De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que u esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que si se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa. Si no fuera así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen. Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista-socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta auna pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras sera mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado sera mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho a proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y que sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: “¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se autoproscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?” Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo-beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podría ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado -el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo-, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria -por sí solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios- para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos dónde y cuando aparezcan.

Nota Relacionada: Sobre la Producción de Seguridad por G. de Molinari