domingo, 26 de julio de 2009

FALACIAS DE LA TEORÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS Y LA PRODUCCIÓN DE SEGURIDAD


Por Hans-Hermann Hoppe

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos “economista” y “socialista” se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: “Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a éste es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor, La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien”. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: “Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de validez”.



Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos. Sin embargo demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega. Se afirma que ciertos bienes o servicios -entre los que se cuenta la seguridad- poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estado.

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda diferenciación. Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economistas, que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios portales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la “seguridad”: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos esos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos -los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal-, ¿debe ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Mas aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fruto de la iniciativa privada; existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad -la asignación de la propiedad- pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar -de hecho, lo hace constantemente- según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se deprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas -si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico-, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideran como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien. Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de se un bien público o privado para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado. En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular -en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto- para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría de la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquel no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos -suponiendo que existan como una categoría separada de bienes- deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel), es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfrei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar los suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética. Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esa personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Mas aún, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo (From The Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism), esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico-analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado. Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos -más urgentes- que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarioss -urgentes- o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional. Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían “demostrar” que cuando alguien dice “no”, en realidad quiere decir “si”, que cuando una persona “no compra una cosa” es porque la prefiere a cualquier otra, que la “violencia” realmente significa “libertad”, que “no hacer un contrato” implica “contratar”, etcétera. Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M.N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente “deficiente” de éstos. Escribe que “un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo”.

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que solo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta “imperfección”del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas “perfecciones” de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son. También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda se que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas persona. Precisamente a esto se deba la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen derecho a determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria un corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a aun número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehuyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos el asunto como un problema por derecho propio.

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuantas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferentes. Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado. De carácter monopólico, porque al menos e este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en los que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce “en conjunto”, sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir. Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que comenten delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinatos y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores. Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni e sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente, sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por se empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar.

Es indudable que todos los problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución “perfecta” al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del “paquete de seguridad” uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia, la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarle sus empleos. Casi seguramente se daría el fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes, lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales éstos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor se seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar los riesgos y necesidades de otras personas -por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal-, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: “¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?” Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado-nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien. A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros días. Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales -comerciales y turísticas- y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en o que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes. Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y os lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara un acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal.) ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado u prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto. De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que u esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que si se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa. Si no fuera así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen. Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista-socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta auna pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras sera mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado sera mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho a proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y que sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: “¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se autoproscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?” Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo-beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podría ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado -el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo-, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria -por sí solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios- para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos dónde y cuando aparezcan.

Nota Relacionada: Sobre la Producción de Seguridad por G. de Molinari

31 comentarios:

Mariana y Marcelo dijo...

¿No es curioso?: por miedo a la aparición de un monopolio se propone un monopolio como solución.

Licenciado Emprendedor dijo...

Martin muy interesante tu analisis. Hay dos temas importantes para que funcione un mercado en competencia perfecta, no deben existir monopolios (y las empresas como los individuos siempre están buscando renta) por lo que con un sistema de seguridad y justicia 100% privado, seria un gran problema. Y tambien hay casos de monopolios naturales (imaginate que en Cuyo existiera un solo manantial, no puede haber competencia sin algún tipo de regulación) y problemas sociales (ej: la gente pobre no tendría ningun acceso a la eduucación, salud, seguridad, etc) y una sociedad no puede sobrevivir y prosperar a tanta conflictividad social (un ejemplo que me viene a la cabeza es Sudafrica hoy en día), creo que se debe manejar la policia y la justicia con altos estandares de eficiencia (metas, elecciones de fiscales y comisarios, etc) pero el estado debe manejar el enforcement de la ley, y perseguir a los monopolios. Coincido con vos en que hay muchos mal llamados monopolios naturales.

Martín Benegas dijo...

Licenciado: en primer lugar gracias por pensar que esto es un análisis mío, ojalá pudiera escribir con la claridad de Hans-Hermann Hoppe el autor de este artículo. Con respecto a lo que decís sobre que los pobres, en un sistema privado, no podrían financiarse una seguridad privada , hay que tener en cuenta que de los vicios del monopolio estatal que menciona Hoppe, como la brutalidad policial, la arbitrariedad y la desidia judicial, los pobres son quienes más perjudicados, porque justamente no tienen dinero para sobornar, influencias que traficar, favores que vender etc. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, como bien señala el autor, la plata que se gasta (y que se obtiene compulsivamente) en seguridad "pública" ya no se puede gastar en otra cosa , por lo que podríamos inferir que de no existir este saqueo compulsivo para financiar tanto seguridad como otros servicios "publicos" habría menos pobres, sin obviar que el sistema sería menos injusto puesto que no se usaría la plata de algunos para financiar los servicios de "todos", inclusive los que no pagan.

Licenciado Emprendedor dijo...

Martín creo que la ineficiencia del estado hay maneras de disminuirlas (ej: En EE.UU, se vota el fiscal de distrito y el comisario y jefe de policia) y con un importante nivel de exigencia etica (un ejemplo es escandinavia en cuanto al comportamiento policial), y hay varios ejemplos de desmanejo en seguridad privada por ejemplo las empresas contratistas de seguridad en IRAK son las que mayor cantidad de excesos cometen y hay varios juicios de empleados de esas compañias que una vez de vuelta en EE.UU denuncian mal equipamiento jornadas de guardia de 14 hs, etc. Y organismos internacionales dice que contratan a gente de muy malos antecedentes (tipo "mercenarios, bajas deshonrosas,etc). Eso es solo un ejemplo. Otro que se me ocurre es lo que esta pasando en Sudafrica, hoy la unica seguridad que hay es Privada, tenes que tener portero armado, garita armada, auto blindado, no podes tomar transporte publico, ni salir de noche, etc. Los ricos pueden pagarla y no tienen problema, los pobres son muy marginales y la clase media esta emigrando porque no puede pagar el tipo de seguridad que necesita (auto blindado) y eso a nivel país tiene un costo enorme mas de un millon y medio de Sudafricanos bien educados emigraron en los ultimos 12/15 años. Me gustó el articulo y creo que es un buen ejercicio teorico.

Licenciado Emprendedor dijo...

Un punto para discutir:
En USA hay un gran debate sobre el impacto que el cambio de un ejercito de conscripción obligatoria a uno profesional (despues de vietnam), tuvo en la politica exterior americana.
Al ser un ejercito de conscriptos en caso de ir a una guerra van TODOS los hijos del país, mientras que en un ejercito profesional van "solo los trabajadores voluntarios". En la reciente guerra de Irak y Afganistan este argumento se utilizó a favor del conflicto y bajó el rechazo social. Probablemente la guerra hubiera existido (habia amplio consenso social) pero no se hubiera prolongado tanto. Al caer en una privatización de la seguridad esto en vez de motivar una pax romana, puede llevar a "colonialismos" o agrsiones que solo cuestan x cantidad de dinero y puede ser peligroso.

Licenciado Emprendedor dijo...

Martín disculpa que te cope el post. No estuvo en mi animo molestar solo intercambiar ideas de una manera constructiva (espero que lo hayas interpretado así). Saludos,

Martín Benegas dijo...

No hay problema Licenciado: es bueno el debate que proponés, todavía no te he respondido porque estoy a full, pero segui comentando que tu aporte enriquece el debate.
Saludos

Fernando Aguilera dijo...

Licenciado:son numerosos los errores en que caiste pero sólo me voy a centrar en alguno de ellos.
Es gracioso que vos supones que la seguridad hoy en dia al ser pública significa que nadie la paga y que el gran mago del estado nos la provee a todos con su varita, en especial a los pobres que son a los que el mago más quiere.
Acá te va una información que te va a servir para el resto de tu vida: 1) la seguridad pública es financiada por toda la población, incluso también por los pobres. Cómo? Impuestos (el estado no puede ni sabe producir nada), impresión de moneda (inflación para todos) y préstamos (más impuestos para las próximas generaciones).
2)no sólo te la cobra la seguridad, te la cobra con SOBREPRECIO (con lo que te cobran de impuestos ya podrías tener tu casa blindada varias veces).
Y más importante de todo: 3) el estado es el que CREA la inseguridad. Cómo?
-Siendo el máximo creador de pobreza, con impuestos, inflación, destrucción de la producción y con ella de millones de puestos de trabajo, etc, etc
-Con un sistema penal que es óptimo para que exista delincuencia: en particular porque las carceles son un semillero de delincuentes y con leyes que reprimen el consumo drogas. Delitos del cual son imputados el 70% de los presos en el país.

Fernando Aguilera dijo...

Si comparás lo que hizo el mercado por nuestra seguridad y lo que hizo el estado vas a ver que el estado hizo todo lo que te numeré arriba y en cambio el mercado creó: alarmas, controles satelitales, materiales anti-robos o directamente seguros por si te roban cosas.

Después decis que para que la policia sea eficiente tienen que democratizar las fuerzas. jajaja, yo puedo votar al presidente 1 vez cada 4 años y sigue siendo hiper ineficiente, en que planeta vivimos.

Y lo de los monopolios es una contradicción tras otra. Tu razonamiento es: como en el libre mercado puede haber monopolios (cuestión que por cierto es falsa, no porque no hayan monopolios, sino porque esto es temporal, no existen monopolios in eternum, salvo que seas el estado), y los monopolios son malos, un monopolio de la fuerza, del dinero y de la creación de leyes, es decir el estado, debe intervenir para solucionar esto.

Licenciado Emprendedor dijo...

Fernando, Te comento que soy Licenciado en Economía, por lo que algo entiendo del tema.

1-Los impuestos los paga toda la población, correcto. Pero en un sistema progresivo el que mas tiene mas paga (los países del mundo mas exitosos tienen este tipo de sistema)

2- Calculo que el sobreprecio que haces referencia es por la ineficiencia y es cierto. Hay que tratar de minimizarla pero siempre va a existir.

3- Si el Estado crea inseguridad es porque está fallando como Estado. Los estados exitosos no hacen esto.

4- Coincido en la legalización del consumo de ciertas drogas, pero no lo veo como un argumento para privatizar la seguridad un 100% (el problema se resuelve en este caso legalizando el consumo)

5- Todos los ejemplos que me enumeras "alarmas, controles satelitales, materiales anti-robos o directamente seguros por si te roban cosas", es trabajar sobre la consecuencia y no sobre la causa. Yo tengo alarma, seguro, puerta blindada y garita de seguridad privada en la esquina e igualmente tengo miedo que me roben, preferiria vivir en Suiza y dormir con la puerta abierta.

6- No tiene sentido lo que decís sobre que no existen monopolios in eternum, han existido varios casos el mas importante la Standard Oil (tuvo que ser desmembrada por el gobierno, con resultados excelentes para el libre mercado) Y las telefonicas de EE.UU (Bell y las dividieron en las famosas baby bells y las hicieron competir entre ellas). Todo lo que tenga altos costos de entrada y bajo costo marginal (en economía costo marginal=costo adicional) es caldo de cultivo para monopolios (Ejemplo el Cable). Si querés profundizo un poco mas en este punto , pero no te quiero aburrir. Saludos,

Licenciado Emprendedor dijo...

Fernando,

7: Democratización de las fuerzas policiales y fiscalias. Esto en USA tiene buenos resultados y aumental a exigencia de dichas fuerzas y hace que trabajen mas en sintonia con lo que pide el distrito (no habria fiscales garantistas). Además en EE.UU, ciertos barrios actuan como pequeños municipios y manejan ciertos gastos en seguridad (policia local), por lo que pueden acompañar la demanda de seguridad y los vecinos pagan su propia seguridad. Esto no tiene nada que ver con una elección a presidente, donde las metas y demandas son muy difusas y los electores tienen multiples intereses.

Fernando Aguilera dijo...

Como sabes de economía entonces no vas a tener problemas con lo que paso a explicar:
1-El tema de los impuestos progresivos es una de las falacias más grandes que inventó el estatismo a nivel mundial.Espero que esto quede claro porque es un concepto que lo debería manejar toda la población para que conozca como son las cosas.
El estado NO necesita crear impuestos, y recolectarlos para cobrártelos, es mucho más facil que eso. Directamente imprime moneda, y tu billete de $100 que antes adquiría X cantidad de bienes, ahora adquiere (X - 5) cantidad de bienes. Vos podes tener tu plata guardada con 7 candados e igual el estado te la va a sacar. Y por supuesto que se las saca a todos, incluso a los pobres que no tienen escudo anti-inflación.
Esto pasa en todos los estados, porque tienen el monopolio del dinero (que es gracioso como queres combatir algunos monopolios privados, pero nunca los estatales), y el "gold standard" no existe más.

2-Es IMPOSIBLE corregir la ineficiencia del estado en materia de seguridad, porque si sabes de economía te vas a dar cuenta que los monopolios se vuelven inproductivos e ineficientes per se.En la URSS pasó con todas las empresas estatales.
La diferencia entre un monopolio privado de uno estatal, es que los primeros como te dije, no viven in eternum, y cualquier competidor que nazca, superando las ineficiencias que mencioné antes, le quita el carácter de monopolio. En cambio, nunca puede desaparecer un monopolio estatal porque este existe a la fuerza. Querés comprobarlo? Intenta imprimir tus propios pesos, usalos y después llamame desde la cárcel.

3-Hay que ver a que te referis con estado exitoso. La máxima potencia mundial, EEUU, tiene millones y millones de presos, la mayoría por causas vinculadas a las drogas.De hecho allí esta comprobado que 1 de cada 5 presos es violado en la cárcel, y los que salen por delitos simples reinciden por delitos mayores en una altísima proporción.

Fernando Aguilera dijo...

5-La causa de la inseguridad como lo expliqué antes es el estado. Por lo tanto, en una sociedad sin estado casi no habría inseguridad, y la que existiese sería solucionada por el mercado con las numerosas técnicas que ofrece.

6-Fuera de los monopolios estatales, existen monopolios privados que son bancados por el estado, y de hecho así pasó con el 99% de los monopolios privados que existieron, y que igual no duraron in eternum, porque cayeron al caer sus contactos en el poder político.
Si hubo "monopolios" netamente privados, como microsoft, pero de hecho ya y como explique antes, termina por salir otro competidos fuerte (en este caso MAC), y esto sucede en un clima estatal, en un verdadero libre mercado saldrían 20 competidores más.

7- En EEUU no tiene ningún resultado, lo tendrá en barrios de 200 habitantes donde la gente se conoce, en ciudades importantes es un fracazo monumental. Democracia y eficiencia son conceptos completamente antagónicos.

Mariana y Marcelo dijo...

"Yo tengo alarma, seguro, puerta blindada y garita de seguridad privada en la esquina e igualmente tengo miedo que me roben"

O sea que le debés tu seguridad a los frutos del mercado, aún cuando el de la seguridad es un mercado limitado a los intersticios de la legislación, asfixiado por infinidad de prohibiciones y regulaciones estatales, funcionando en este contexto de incentivos perversos que Fernando explica muy bien.

Licenciado Emprendedor dijo...

Fernando:
1- La moneda como instrumento de cambio y de valor es uno de los grandes inventos indiscutidos, Salvo que quieras volver al trueque (mecanismo muy ineficiente). El impuesto inflacionario es un impuesto regresivo NO progresivo.

2- El estado siempre tendrá un nivel de ineficiencia coincido con vos. pero existen mecanismos para minimizarla.

3- Estado exitoso: Suiza, Holanda, Alemania, Japón, Canada, Australia, Nueva Zelanda, USA, entre otros, (mostrame un ejemplo exitoso de anarquismo?)Cada uno de estos países tiene cosas para corregir y modificar pero han permitido al ser humano, el mas alto nivel de vida de la historia.

4- El tema de la legalización del consumo de drogas, se soluciona legalizandolo es muy sencillo. Y coincido. Ahora me vas a decir que USA es un pais fracasado porque persigue el consumo de drogas?

5- En una sociedad sin estado creo que habría mucha inseguridad. No coincido con tu afirmación. Y tengo varios ejemplos que lo corroboran (Indios Onas, Maories, buscadores de oro en el Yukón, etc) si querés profundizo.

6- Los individuos y las empresas siempre estan buscando renta (monopolios) por lo que las reglas de juego tienen que ponerle limites claros (esto pasa en todos los países "exitosos") Estas rreglas de juego, el respeto de la propiedad privada, igualdad ante la ley, reglas de juego claras, son las que permitieron que Argentina pasara de ser un pais insignificante a una potencia en , 30/40 años (1880/1910). Preguntale a Don tiburcio? Antes practicamente no había estado.

7- Yo explique que se hace a nivel de barrios (poblaciones de 1000-5000 habitantes) y tienen buenos resultados (obviamente siempre habra ineficiencias pero disminuyen).

Mariana y Marcelo: Te comento que el año pasado me encañonaron y me subieron al depto y me afanaron con toda esa seguridad. Y es algo que pasa todos los días. Por lo que esa seguridad es insuficiente , preferiria que vivir en Argentina se asemejara a vivir en Suiza y no cerrar la puerta. Fijense el ejemplo que doy de Sudafrica y veran que pese a estar 95% privatizada la seguridad no puede llamarse un modelo exitoso bajo ningun punto de vista. Saludos.

Fernando Aguilera dijo...

Licenciado:
1-No quiero volver al trueque, ni jamás mencioné tal cosa.Si me gustaría ir a una sociedad donde el libre mercado incluya también a la moneda y no haya intervención estatal.
Pero eso no es la cuestión de lo que dije del impuesto inflacionario. Vos argumentaste que los impuestos deben ser progresivos, y yo te dije que eso era imposible mencionando el tema de la impresión de moneda.Argumento que nunca refutaste.

2-No existe absolutamente ningun mecanismo para solucionar la ineficiencia del estado, y de hecho la historia ha comprobado que en todo caso los estados siempre tienden a agrandarse, y por lo tanto a volverse más ineficientes. El ejemplo típico de esto es EEUU, que de pasar a ser el estado más pequeño, se volvió hoy en día en el más grande.

3-Acá también esquivás el punto, no mencionas nada acerca de todo lo que dije sobre la cuestión carcelaria en EEUU, ni el tema de la cantidad de presos.
Yo no niego que en los estado que vos nombras se haya alcanzado buen nivel de vida, el mejor que se ha visto como decis.Esos logros se alcanzaron con la poca libertad que esos estados le dejaron a los individuos, que es mayor, sin embargo, a la que otros estados como el nuestro le proporcionan a los suyos.En otras palabras, eso se alcanzó a pesar del estado.

4-Bueno, la cantidad de presos que hay en EEUU por temas vinculados a las drogas (estoy hablando de en términos de millones),y que haya gente que vaya a la carcel y sea violada por fumarse un porro. Sí eso lo considero un fracaso total.

5-Hay ejemplos de sociedades sin estado que han funcionado bien, que desde luego no son las que nombrás vos (en donde siempre hubo una figura que mandaba a la fuerza),y aunque pudiera citarlas, prefiero no hacerlo, porque sería entrar en una discusión interminable que no hace a la cuestión. Lo que sí se puede saber es que pasaría sin el estado usando la lógica. Lógica que me deja contrastar lo que pasa cuando el estado interviene y cuando no.

6-Obvio que las empresas quieren renta y su fin es tener todo el mercado, al igual que a mi me gustaría volar por mis propios medios. Eso no pasa, no por el estado, sino por la naturaleza de las cosas.Cuestión con respecto a los monopolios que ya explique, y nada mencionaste al respecto.
Y lo de la historia argentina, es lo más tergiversado que escuche desde Felipe Pigna.
Antes de 1880, si había estado y de hecho un estado en guerra civil, durante todo el rosismo. La mazorca es estado también!
El progreso en el país, que de hecho no termina en 1910, sigue hasta 1928, NO empieza gracias al estado, y de hecho SI termina por culpa de este. En 1880, no se dictaron leyes para que haya "reglas claras", justamente al no haber leyes HAY reglas claras. En esa época NO existía el banco central, el impuesto a las ganancias, leyes sobre sociedades comerciales, leyes sobre entidades financieras, leyes sobre "defensa" de la competencia, lealtad comercial, etc,etc En esa época ni existían los pasaportes!!!.Justamente el progreso argentino termina en el golpe de estado del 30' que implementa todo esto. En particular el desastrozo gobierno de Justo.

7-Entonces me das la razón en barrios minúsculos funciona, y no por la democratización de las fuerzas, y en los grandes suburbios es un mamarracho.

No es mi intención hacer un debate interminable, y de hecho yo sé que hay cosas que dije arriba en las cuales vos me podes contestar mil cosas y yo después otras mil.
Esas son las enorme desventajas de usar "argumentos desde la eficiencia", que por más que me resulte placentero usarlos, no hacen al total de la cuestión. Esa cuestión es que la intervención del estado y el estado en sí son INMORALES. Y aunque también creo que una sociedad sin estado sería más eficiente que una con estado, me inclino a una sin estado no por su eficiencia, o por lo menos, no sólo por eso, sino porque es la elección moral, y esto se debe a que el estado viola el principio universal de la no iniciación del uso de la fuerza.

Licenciado Emprendedor dijo...

Coincido con vos en parar en algún punto, solo algunas aclaraciones.

1- La impresión de moneda no es un impuesto (salvo que sea en exceso y seria un impuesto inflacionario) sino que es un cargo que se cobra para tener una moneda de cambio y reserva de valor(algo que realmente es necesario), fijate que hay competencia de monedas! Si vos querés ahorrar a largo plazo seguro que lo haras en Dolares, Euros, libras, yenes, etc y no en pesos, reales, etc,. Igualmente la impresión de moneda no es una fuente de ingresos importante en los paises exitosos y basan su financiamiento en un sistema progresivo.

2- Con el tema de la cuestión carcelaria me parece que habría que legalizar el consumo de drogas. Ahora que vos digas que USA es un fracaso por eso me parece MUY sesgado.

3-No conozco sociedades que funcionen bien sin estado, por ahi una comunidad hippie, pero no en gran escala.

4- Con el tema de la historia Argentina me parece que no me interpretas. Argentina se desarrolla a partir de su constitución pero como hubo 30 años de guerras civiles, malones de indios y Anarquia (Cepeda, Pavón, etc) el Estado Argentino no garantizaba esos derechos (propiedad privada, igualdad ANTE LA LEY) y al no haber confianza no habia creditos y los inmigrantes (probablemente tus antepasados) no venian. Cuando hubo reglas de juego claras y a largo plazo (no como ahora) vinieron la inversión y los inmigrantes y empezó el progreso. dije 1880-1910 porque ese fue el crecimiento mas dramatico pero Argentina se mantuvo a la vanguarida practicamente hasta el año 1946. De tener en 1870 la misma población que Chile y Paraguay (1.5 millones de habitantes) y menos que Perú pasamos a ser una potencia. Si huiberamos seguido en la anarquia atomizada nosotros no estaríamos acá.

4- Un tema La Argentina fue el país desarrollado que mejor pasó la crisis del 30. Esto si querés te lo fundamento. La economía Argentina fue la que menos sintió la crisis del 30. Asi que no tenes ningun fundamento para decir 1928.

Si querés te profundizo algún punto o damos este micro debate por terminado. Saludos,

Fernando Aguilera dijo...

Lo damos por terminado, como te decia vos me podes argumentar mil cosas de las cuales yo te puedo argumentar otras mil.
Nunca vamos a estar de acuerdo porque como dije en mi última reflexión, yo consideró ante todo que el estado es inmoral, y en cuanto argumentos que traten sobre eficiencia siempre van a ser interminables.

Asi que bueno...fue un placer tener un debate argumentado y sin insultos como la mayoría que se encuentra en la red.
Saludos cordiales

Mariana y Marcelo dijo...

"No conozco sociedades que funcionen bien sin estado, por ahi una comunidad hippie, pero no en gran escala."

Licenciado: si reemplazás "estado" por "esclavitud", vas a notar que muchos afirmaron algo parecido a lo largo de la historia. ¿Significa eso - la prevalencia de semejante institución - que la esclavitud era legítima?

Licenciado Emprendedor dijo...

Fernando el placer fue mio. Respeto tu linea de pensamiento. Yo me considero un liberal, pero creo que no tan radical como vos. Saludos.

Mariana y Marcelo, me parece una interpretacion un tanto rebuscada, pero agradeceria algunos ejemplos de sociedades exitosas sin estado.

Mariana y Marcelo dijo...

¿En qué sentido es rebuscada?

Hay ejemplos de sociedades con elementos anarcocapitalistas: la Mancomunidad Islandesa en el medioevo - durante más de 300 años -, y el oeste de los USA en el siglo XIX, interesadamente señalado como ejemplo de sociedad caótica por la propaganda estatista.

Pero aún si no los hubiera, el basurero de la historia está lleno de instituciones inmorales que alguna vez fueron mayoritariamente consideradas indispensables.

En cuanto a las sociedades "exitosas" de la actualidad, lo son *a pesar* del estado, no gracias a él.

Mariana y Marcelo dijo...

Otro caso interesante es el de Irlanda antes de la ocupación inglesa. Durante mil años fue una de las sociedades más avanzadas y civilizadas de toda europa occidental, funcionando como un gran conjunto de asociaciones voluntarias, libres de coacción estatal (no había legislatura, ni policía, ni aplicación forzosa de la ley).

Licenciado Emprendedor dijo...

Mariana estuve buscando información sobre el período de 1000 años de grandisa prosperidad pacifica sin estado de Irlanda y no encontré nada. Pasame tus fuentes. Saludos,


The Bronze Age, which began around 2500 BC, saw the production of elaborate gold as well as bronze ornaments, weapons and tools. The Iron Age in Ireland was supposedly associated with people known as Celts. They are traditionally thought to have colonised Ireland in a series of waves between the 8th and 1st centuries BC, with the Gaels, the last wave of Celts, conquering the island and dividing it into five or more kingdoms. Many scientists and academic scholars now favour a view that emphasises cultural diffusion from overseas over significant colonisation such as what Clonycavan Man was reported to be.[43][44]

The Romans referred to Ireland as Hibernia[45] and/or Scotia.[46] Ptolemy in AD 100 recorded Ireland's geography and tribes.[47] Native accounts are confined to Irish poetry, myth, and archaeology. The exact relationship between Rome and the tribes of Hibernia is unclear; the only references are a few Roman writings.

In early medieval times, a monarch (also known as the High King) presided over the (then five: the fifth being Meath) provinces of Ireland. These provinces too had their own kings, who were at least nominally subject to the monarch, who resided at Tara. The written judicial system was the Brehon Law, and it was administered by professional learned jurists who were known as the Brehons.


. From the 9th century, waves of Viking raiders plundered monasteries and towns, adding to a pattern of endemic raiding and warfare. Eventually Vikings settled in Ireland, and established many towns, including the modern day cities of Dublin, Cork, Limerick and Waterford.


Aughnanure, the main castle of O'FlahertyFrom 1169, Ireland was entered by Cambro-Norman warlords, led by Richard de Clare, 2nd Earl of Pembroke (Strongbow),[51] on an invitation from the then King of Leinster. In 1171, King Henry II of England came to Ireland, using the 1155 Bull Laudabiliter issued to him by then Pope Adrian IV, to claim sovereignty over the island, and forced the Cambro-Norman warlords and some of the Gaelic Irish kings to accept him as their overlord. From the 13th century, English law began to be introduced. By the late 13th century the Norman-Irish had established the feudal system throughout most of lowland Ireland. Their settlement was characterised by the establishment of baronies, manors, towns and large land-owning monastic communities, and the county system. The towns of Dublin, Cork, Wexford, Waterford, Limerick, Galway, New Ross, Kilkenny, Carlingford, Drogheda, Sligo, Athenry, Arklow, Buttevant, Carlow, Carrick-on-Suir, Cashel, Clonmel, Dundalk, Enniscorthy, Kildare, Kinsale, Mullingar, Naas, Navan, Nenagh, Thurles, Wicklow, Trim and Youghal were all under Norman-Irish control.

In the 14th century the English settlement went into a period of decline and large areas, for example Sligo, were re-occupied by Gaelic septs. The medieval English presence in Ireland (The Pale) was deeply shaken by the Black Death, which arrived in Ireland in 1348.[52] From the late 15th century English rule was once again expanded, first through the efforts of the Earls of Kildare and Ormond then through the activities of the Tudor State under Henry VIII and Mary and Elizabeth. This resulted in the complete conquest of Ireland by 1603 and the final collapse of the Gaelic social and political superstructure at the end of the 17th century, as a result of English and Scottish Protestant colonisation in the Plantations of Ireland, and the Wars of the Three Kingdoms and the Williamite War in Ireland. Approximately 600,000 people, nearly half the Irish population, died during the Cromwellian conquest of Ireland.[53]

Mariana y Marcelo dijo...

Perdón; estamos sin conexión a internet. Prometemos entrar en detalles a la brevedad posible. Stay tuned.

Mariana y Marcelo dijo...

El ejemplo histórico más notable de una sociedad con leyes y cortes libertarias, sin embargo, ha sido descuidada por los historiadores hasta muy recientemente. Esta fue también una sociedad donde no sólo habían cortes y leyes libertarias, sino que éstas funcionaban dentro de una sociedad sin gobierno y puramente libertaria. Ésta era la Irlanda antigua -una Irlanda que persistió en esta trayectoria libertaria por unos mil años hasta su conquista brutal por parte de Inglaterra en el decimoséptimo siglo. Y, en contraste con muchas tribus primitivas de funcionamiento semejante (tales como los Ibos en África del oeste, y muchas tribus europeas), la Irlanda de antes de la conquista no era en ningún sentido una sociedad "primitiva": era una sociedad altamente compleja que fue, por siglos, la más avanzada, la más erudita, y más civilizada en toda la Europa Occidental.

Entonces, por mil años la Irlanda céltica antigua no tuvo ningún Estado o cualquier cosa parecida. Como escribió la autoridad principal en la ley irlandesa antigua: "no había legislatura, ningunos administradores, ninguna policía, ninguna aplicación pública de la justicia… No había rastro de justicia administrada por el Estado."

¿Cómo era asegurada entonces la justicia? La unidad política básica de la antigua Irlanda era el tuath. Todos los “hombres libres” que poseyeran tierras, todos los profesionales, y todos los artesanos, podían ser miembros de una tuath. Los miembros de cada tuath formaban una asamblea anual que decidía todas las políticas comunes, declaraban la guerra o la paz a otra tuath, y elegían o deponían a sus "reyes." Un punto importante es que, en contraste con las tribus primitivas, nadie era apegado o limitado a una tuath dada, así sea debido a el parentesco o a la localización geográfica. Los miembros individuales eran libres, y a menudo, se separaban de una tuath y ensamblaban una tuath competidora. A menudo, dos o más tuatha decidían combinarse en una sola unidad, más eficiente. Como afirma el profesor Peden, "el tuath es un cuerpo de personas unidas voluntariamente para propósitos sociales beneficiosos y la suma total de los terrenos de sus miembros constituía su dimensión geográfica." En pocas palabras, ellos no tenían al estado moderno con su demanda a la soberanía sobre un área territorial dada (que generalmente se expandía), divorciado de los derechos de propiedad de sus sujetos; por el contrario, los tuatha eran asociaciones voluntarias que solamente abarcaban los territorios propios de sus miembros voluntarios.

(continúa)

Mariana y Marcelo dijo...

(...)

El rey era escogido por la tuath de un grupo de estirpe real (el derbfine), que llevaba la función hereditaria sacerdotal. Políticamente, sin embargo, el rey tenía funciones estrictamente limitadas: él era el líder militar de la tuath, y él presidía sobre las asambleas de la tuath. Pero él solamente podía conducir las negociaciones de guerra o paz como agente de las asambleas; y él en ningún sentido era soberano ni tenía algún derecho de administrar justicia sobre los miembros de la tuath. Él no podía legislar, y cuando él mismo era parte de algún pleito, tenía que someter su caso a un árbitro judicial independiente.

Entonces de nuevo, ¿cómo fueron desarrolladas y mantenidas la ley y la justicia? En primer lugar, la ley en sí misma estuvo basada en un cuerpo de costumbres antiguas e inmemoriales, pasadas de generación en generación primero de forma oral y después escrita por una especie de juristas profesionales llamados brehons. Los brehons no eran en ningún sentido funcionarios públicos o gubernamentales; eran seleccionados simplemente por las partes del conflicto en base a su reputación en sabiduría, conocimiento de la ley-costumbre, y la integridad de sus decisiones. Como indica el profesor Peden:

". . .los juristas profesionales eran consultados por las partes involucradas en los conflictos para consejos sobre cual era la ley que debía aplicarse en casos particulares, y estos mismos hombres actuaban a menudo como árbitros entre los demandantes. Seguían siendo siempre personas privadas, no funcionarios públicos; su funcionamiento dependía de su conocimiento de la ley y de la integridad de sus reputaciones judiciales."

Mucho más importante aún, los brehons no tenían conexión personal alguna con la tuatha individual o con sus reyes. Eran totalmente privados, nacionales en alcance, y fueron utilizados por las partes en conflicto a través de Irlanda. En la Irlanda antigua no habían abogados ni jueces "públicos" de ningún tipo.

Los brehons eran entendidos en el derecho, y agregaban comentarios a la ley para adaptarla a las condiciones cambiantes. Además, los juristas brehons no ejercían monopolio en sentido alguno; en lugar de ello, varias escuelas de jurisprudencia existían y competían entre sí.

¿Cómo se hacían cumplir las decisiones de los brehons? A través de un elaborado sistema de “seguros” o de garantías, voluntariamente desarrollado. Los hombres estaban ligados por una variedad de relaciones por las cuales se garantizaban unos a otros las compensaciones y la aplicación de la justicia y de las decisiones de los brehons. En resumen, los brehons no estaban involucrados en la aplicación de las decisiones: ésta se hallaba a cargo de individuos privados ligados a través de garantes.

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*Extraído del Libro “For a New Liberty”. Capitulo 12 Sobre el Sector Público: la policía, las leyes y las cortes.

Mariana y Marcelo dijo...

Aclaramos que se trata de una traducción bastante pobre, pero el fragmento es representativo.

Si hay algún interesado, podemos copiar ejemplos de aquél sistema de justicia en acción.

Mariana y Marcelo dijo...

Perdón, el texto de de Murray N. Rothbard.

Martín Benegas dijo...

Interesantísimo el debate, la verdad es que no conocía el caso de Irlanda como modelo de sociedad anarco-capitalista, da para publicar un post sobre ese trabajo de Rothbard. Lo bueno, y remarco esto, es que se dio en un clima de respeto, algo que no suele suceder en los debates entre liberales clásicos y libertarios, ya actualizaré el blog.
saludos

Leandro Fleischer dijo...

Comparto con Martin. Muy buen debate. Yo habia escuchado lo de Irlanda, pero no sabia exactamente como era. Me encantaria que me pasen material.

Mariana y Marcelo dijo...

Así es: los debates con estatistas acerca de la naturaleza del estado (así sean miniarquistas) suelen acabar como los debates acerca de la naturaleza de la religión con teístas. Pero en este caso parece haber interés genuino y respeto mutuo. En cuanto Arnet decida devolvernos el acceso a internet, ampliaremos.